No solemos entrar al trapo de manifestaciones de tertulianos porque nuestro nivel basal de indignación es tan alto que casi todo lo que se dice desborda ya por fuera de nosotros como un chorretón de chocolate caliente sobre nuestro corazón de fresa, sin templarlo siquiera.
Para que se hagan una idea, somos funcionarios, para muchos, unos parásitos de la sociedad, unos seres que se nutren de la gran ubre de la administración pública provocando un tremendo derroche de sus escasos recursos y no entregando a cambio nada más que su trabajo.
Además, somos docentes, es decir, la especie de parásito peor de todas: la que menos horas trabaja, la que tiene más vacaciones... En fin, los más privilegiados entre los privilegiados y los que más nos quejamos.
Para rematar, todo esto ocurre en la Comunidad de Madrid, donde el partido gobernante, con la señora Aguirre a la cabeza, va a reducir su gasto en educación en varios miles de millones de euros, empeorando muy sensiblemente nuestras condiciones laborales y dejando en el paro a miles de profesores interinos. (Hace unos días oímos al señor Arenas en televisión decir que el gasto público se podía reducir de todas partes menos de educación, sanidad y asuntos sociales. Nos quedamos mirando pero no le pasó nada, no se le cayó la cara de vergüenza, ni se le movió una pestaña siquiera).
En fin, que hay pocas cosas que nos puedan avinagrar el gesto, y no debería hacerlo que el portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Juan Antonio Martínez Camino nos clasifique públicamente como “parásitos”, como ya hacen otros estamentos de la sociedad. (En realidad, porque no queremos tergiversar nada, dijo refiriéndose a los que íbamos a participar en la manifestación en contra de la visita de Ratzinger a Madrid: “Estos grupúsculos minoritarios lo que hacen es parasitar”. Pero todos entendemos que los que parasitan son los parásitos, ¿no?).
Pues bien, la edición en línea del diccionario de la Real Academia (http://www.rae.es) especifica en su acepción cuarta de la entrada “parásito”: “Persona que vive a costa ajena”. Si nosotros los docentes estamos en esta categoría, es justo reconocer que la iglesia, empezando por su portavoz, Juan Antonio Martínez Camino, cumplen mucho más acertadamente con la definición académica, como queda de manifiesto analizando la gran falacia del IRPF.
Los creyentes católicos pueden destinar voluntariamente un 0,7% de la cuota del IRPF a la financiación de su iglesia. Son cerca de 200 millones de euros anuales.
Los creyentes de otras confesiones y los no creyentes podemos destinar ese 0,7% a otros fines de interés social o a la saca común (o a la iglesia católica, claro).
Enarbolando la “voluntariedad” nos quieren hacer creer que el procedimiento es correcto, pero no lo es en absoluto. No solo por lo que supone de discriminación de otras confesiones religiosas, lo que ya de por sí debería ser suficiente para echarlo por tierra en un estado democrático y aconfesional, sino fundamentalmente porque se está detrayendo dinero público (destinado a servicios públicos como la educación, la sanidad o la justicia) para financiar a una entidad privada no democrática, sino jerárquica y sexista.
¿Alguien puede imaginar que los hinchas del Atlético de Madrid pudieran decidir “voluntariamente” destinar el 0,7% de sus impuestos a su club? ¿Y que pudieran hacerlo ellos, pero no los hinchas de otros clubes?
Si los impuestos no se destinan al bien común no son impuestos y deberían llamarse contribuciones voluntarias, donaciones o de cualquier otra manera.
Las almas cándidas podrían pensar que el dinero sustraído del IRPF lo dedica la iglesia a financiar sus actividades, algunas de las cuales tienen una innegable relevancia social y son desempeñadas por personas -como nuestra compañera M. J. H.- que tienen toda nuestra admiración; pero no es cierto, porque para estas actividades recibe aportaciones especificas: las mayores cantidades en las subvenciones a colegios concertados, los sueldos de los profesores de religión ¡en los centros públicos!, y los hospitales y otras instituciones benéficas; pero también cantidades no desdeñables para sus organizaciones sociales, sus capellanías castrenses, el mantenimiento del patrimonio inmobiliario y artístico, etc. etc.
En total, más de 10.000 millones de euros anuales, en un país “aconfesional” según la Constitución de 1978.
Está claro que a Juan Antonio Martínez Camino se le puede aplicar el refrán castellano “cree el ladrón que todos son de su condición”.
A pesar de todo, tenemos que reconocer que la iglesia es la institución que mejor valora la educación, porque conoce perfectamente su inmenso poder: mientras haya miles de centros regidos por la iglesia, habrá millones de peregrinos para seguir al papa.
El estado vuelve a conculcar el principio de aconfesionalidad al sufragar los centros religiosos mediante conciertos educativos. Los defensores de estos conciertos alegan una nueva falacia: “los padres tienen derecho a elegir el tipo de educación que reciben sus hijos”. En el caso -discutible- de que los padres tuvieran derecho a decidir si sus hijos deben recibir una formación libre y plural (recuérdese que hay muchos profesores católicos y practicantes en la escuela pública que también han demostrado su idoneidad profesional mediante una oposición), o si deben ser aleccionados en un centro religioso con profesorado elegido por la dirección por su ideario más que por su profesionalidad, en ningún caso esa opción debería sufragarla el estado, que más bien tendría la obligación de velar porque todos los ciudadanos recibieran una educación de la máxima calidad, crítica y libre de posiciones axiomáticas acientíficas.
Tampoco podemos dejar de citar las horas de aleccionamiento católico en los centros públicos, que como ya hemos mencionado, se pagan con dinero de todos, mientras los alumnos que optan por no asistir a estas clases se ven abocados a perder el tiempo, por no poder recibir ningún otro tipo de educación durante esas horas para no “poner en desventaja” a los alumnos que “voluntariamente” han optado por recibir clases de religión católica.
Por último, aclarar que no solo los ateos y "otras gentes de mal vivir" pensamos de esta manera, también muchas organizaciones cristianas (Iglesia de base, Redes cristianas...) se sumaron a la manifestación. El manifiesto y las organizaciones convocantes se pueden consultar en esta página de la web: laicismo.org. Nosotros no pertenecemos a ninguna de ellas.
Igualmente, se pueden rastrear estas opiniones en muchas webs y blogs, y entre ellas queremos destacar Clases de nada, de @Lola, que desde principios diferentes llega a conclusiones idénticas, con su brillante manera de contar las cosas.
En cualquier caso, coincidimos con el papa en la idea de que los docentes no debemos ser meros transmisores de conocimientos, sino que debemos ser formadores de personas íntegras, labor que llevamos desempeñando ya 25 años en la escuela pública, y que afrontaremos desde ahora con renovado entusiasmo.
Para que se hagan una idea, somos funcionarios, para muchos, unos parásitos de la sociedad, unos seres que se nutren de la gran ubre de la administración pública provocando un tremendo derroche de sus escasos recursos y no entregando a cambio nada más que su trabajo.
Además, somos docentes, es decir, la especie de parásito peor de todas: la que menos horas trabaja, la que tiene más vacaciones... En fin, los más privilegiados entre los privilegiados y los que más nos quejamos.
Para rematar, todo esto ocurre en la Comunidad de Madrid, donde el partido gobernante, con la señora Aguirre a la cabeza, va a reducir su gasto en educación en varios miles de millones de euros, empeorando muy sensiblemente nuestras condiciones laborales y dejando en el paro a miles de profesores interinos. (Hace unos días oímos al señor Arenas en televisión decir que el gasto público se podía reducir de todas partes menos de educación, sanidad y asuntos sociales. Nos quedamos mirando pero no le pasó nada, no se le cayó la cara de vergüenza, ni se le movió una pestaña siquiera).
En fin, que hay pocas cosas que nos puedan avinagrar el gesto, y no debería hacerlo que el portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Juan Antonio Martínez Camino nos clasifique públicamente como “parásitos”, como ya hacen otros estamentos de la sociedad. (En realidad, porque no queremos tergiversar nada, dijo refiriéndose a los que íbamos a participar en la manifestación en contra de la visita de Ratzinger a Madrid: “Estos grupúsculos minoritarios lo que hacen es parasitar”. Pero todos entendemos que los que parasitan son los parásitos, ¿no?).
Pues bien, la edición en línea del diccionario de la Real Academia (http://www.rae.es) especifica en su acepción cuarta de la entrada “parásito”: “Persona que vive a costa ajena”. Si nosotros los docentes estamos en esta categoría, es justo reconocer que la iglesia, empezando por su portavoz, Juan Antonio Martínez Camino, cumplen mucho más acertadamente con la definición académica, como queda de manifiesto analizando la gran falacia del IRPF.
Los creyentes católicos pueden destinar voluntariamente un 0,7% de la cuota del IRPF a la financiación de su iglesia. Son cerca de 200 millones de euros anuales.
Los creyentes de otras confesiones y los no creyentes podemos destinar ese 0,7% a otros fines de interés social o a la saca común (o a la iglesia católica, claro).
Enarbolando la “voluntariedad” nos quieren hacer creer que el procedimiento es correcto, pero no lo es en absoluto. No solo por lo que supone de discriminación de otras confesiones religiosas, lo que ya de por sí debería ser suficiente para echarlo por tierra en un estado democrático y aconfesional, sino fundamentalmente porque se está detrayendo dinero público (destinado a servicios públicos como la educación, la sanidad o la justicia) para financiar a una entidad privada no democrática, sino jerárquica y sexista.
¿Alguien puede imaginar que los hinchas del Atlético de Madrid pudieran decidir “voluntariamente” destinar el 0,7% de sus impuestos a su club? ¿Y que pudieran hacerlo ellos, pero no los hinchas de otros clubes?
Si los impuestos no se destinan al bien común no son impuestos y deberían llamarse contribuciones voluntarias, donaciones o de cualquier otra manera.
Las almas cándidas podrían pensar que el dinero sustraído del IRPF lo dedica la iglesia a financiar sus actividades, algunas de las cuales tienen una innegable relevancia social y son desempeñadas por personas -como nuestra compañera M. J. H.- que tienen toda nuestra admiración; pero no es cierto, porque para estas actividades recibe aportaciones especificas: las mayores cantidades en las subvenciones a colegios concertados, los sueldos de los profesores de religión ¡en los centros públicos!, y los hospitales y otras instituciones benéficas; pero también cantidades no desdeñables para sus organizaciones sociales, sus capellanías castrenses, el mantenimiento del patrimonio inmobiliario y artístico, etc. etc.
En total, más de 10.000 millones de euros anuales, en un país “aconfesional” según la Constitución de 1978.
Está claro que a Juan Antonio Martínez Camino se le puede aplicar el refrán castellano “cree el ladrón que todos son de su condición”.
A pesar de todo, tenemos que reconocer que la iglesia es la institución que mejor valora la educación, porque conoce perfectamente su inmenso poder: mientras haya miles de centros regidos por la iglesia, habrá millones de peregrinos para seguir al papa.
El estado vuelve a conculcar el principio de aconfesionalidad al sufragar los centros religiosos mediante conciertos educativos. Los defensores de estos conciertos alegan una nueva falacia: “los padres tienen derecho a elegir el tipo de educación que reciben sus hijos”. En el caso -discutible- de que los padres tuvieran derecho a decidir si sus hijos deben recibir una formación libre y plural (recuérdese que hay muchos profesores católicos y practicantes en la escuela pública que también han demostrado su idoneidad profesional mediante una oposición), o si deben ser aleccionados en un centro religioso con profesorado elegido por la dirección por su ideario más que por su profesionalidad, en ningún caso esa opción debería sufragarla el estado, que más bien tendría la obligación de velar porque todos los ciudadanos recibieran una educación de la máxima calidad, crítica y libre de posiciones axiomáticas acientíficas.
Tampoco podemos dejar de citar las horas de aleccionamiento católico en los centros públicos, que como ya hemos mencionado, se pagan con dinero de todos, mientras los alumnos que optan por no asistir a estas clases se ven abocados a perder el tiempo, por no poder recibir ningún otro tipo de educación durante esas horas para no “poner en desventaja” a los alumnos que “voluntariamente” han optado por recibir clases de religión católica.
Por último, aclarar que no solo los ateos y "otras gentes de mal vivir" pensamos de esta manera, también muchas organizaciones cristianas (Iglesia de base, Redes cristianas...) se sumaron a la manifestación. El manifiesto y las organizaciones convocantes se pueden consultar en esta página de la web: laicismo.org. Nosotros no pertenecemos a ninguna de ellas.
Igualmente, se pueden rastrear estas opiniones en muchas webs y blogs, y entre ellas queremos destacar Clases de nada, de @Lola, que desde principios diferentes llega a conclusiones idénticas, con su brillante manera de contar las cosas.
En cualquier caso, coincidimos con el papa en la idea de que los docentes no debemos ser meros transmisores de conocimientos, sino que debemos ser formadores de personas íntegras, labor que llevamos desempeñando ya 25 años en la escuela pública, y que afrontaremos desde ahora con renovado entusiasmo.
